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Diéselgate de Volkswagen: Los afectados en España reclamarán en Alemania si el Gobierno no actúa

La Justicia Alemana da un nuevo revés a Volkswagen. Una sentencia pone ‘punto y final’ al escándalo de los motores diésel trucados de Volkswagen que burlaban los controles de emisiones de gases, más conocido como diéselgate. El fabricante alemán ha sido condenado este lunes a reembolsar parte de los gastos de adquisición de los vehículos.

Un fallo que representa la primera gran derrota legal que sufre el gigante automovilístico alemán. Por su parte, el juez que instruye el caso, Stephan Seiters, ha dictaminado que Volkswagen, al equipar a los motores EA 189 con un software capaz de manipular la emisión de gases tóxicos, había «engañado de manera consciente y sistemática durante años a las autoridades en una perspectiva de rentabilidad».

Una sentencia que nada tiene que ver con la situación que viven los 700.000 afectados en España, que compraron vehículos a la firma alemana que contaminan un 40% de lo permitido sin saberlo, ya que se trata de uno de los pocos países que aún no ha tomado medidas contra el gigante de la automoción.

La inacción de Sánchez

«El Gobierno de Pedro Sánchez se ha puesto de lado y ha dado barra libre a Volkswagen, olvidándose de su preocupación teórica por la contaminación y el medio ambiente, que se traduce en inacción», denuncia Alberto Rey, presidente de la Asociación de Letrados de Afectados por las emisiones de la Industria Automovilística (ALDEA).

«El coche no ha dejado de funcionar pero el fabricante automovilístico ha engañado al consumidor a la hora de vender», explica el presidente y reclama que «no queremos que Volkswagen indemnice a los afectados con  300 o 500 euros, si no que se anule el contrato y devuelvan el dinero a los clientes».

La factura del diéselgate: 10.000 millones

Por su parte, Rey cifra «como mínimo» en 10.000 millones de euros la factura para Volkswagen del diéselgate en España y recalca que «los afectados se merecen la independencia de las administraciones, ya que la crisis del coronavirus o las siete fábricas que tiene la compañía en España no pueden servir de excusa para olvidarse el fraude».

Ante este escenario, los afectados en España por el caso del diéselgate están estudiando una doble alternativa: continuar con el procedimiento por la vía penal en la Audiencia Nacional por delito medioambiental y fraude a los consumidores o reclamar directamente en Alemania ante la inacción de las autoridades. Una causa que después de cinco años prescribe en noviembre del año 2020.

El Gobierno ‘no sabe no contesta’

«Hemos tendido la mano a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para buscar una solución a las 700.000 coches que siguen circulando contaminando un 40% más de lo normal y no hemos recibido respuesta»,asegura y explica que «lo mismo ha sucedido con el ministerio de Alberto Garzón». Una situación que choca de lleno con el peso que tiene para Sánchez la lucha contra el cambio climático y el compromiso con la descarbonización.

«La justicia española se ha planteado poner fin al pleito y dejar en la estacada a las 700.000 afectados al no haber ningún directivo español implicado en el caso y así trasladar todas las responsabilidades a Alemania», explica Rey y denuncia que «hay directivo de Volkswagen España que conocían los procedimientos».

Tres directivos españoles conocían el diéselgate

Concretamente, como avanzó OKDIARIO tres directivos de Seat España y Volkswagen España conocían el diéselgate antes de que el escándalo se hiciera público. Los tres implicados eran Francisco Javier García Sanz, quien ha ostentado distintos puestos de dirección en las filiales españolas del Grupo Volkswagen; Matthias Rabe, Vicepresidente Ejecutivo de Investigación y Desarrollo de Seat -ahora lidera el nuevo área de Operaciones de Desarrollo Técnico- y Alfonso Sancho García, que ocupaba entonces el cargo de Gerente de Dirección de Proyectos de Seat y Vicepresidente Ejecutivo de Compras de Volkswagen.

Sin embargo, pese a que se tenía conocimiento del fraude, se siguieron vendiendo hasta el momento en el que estalla el caso y termina saliendo a la luz. Sólo en España, concretamente, se vendieron 700.000 vehículos.

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